Discapacidad y capacidad legal: se acabó la interdicción

Discapacidad y capacidad legal: las personas con discapacidad mental, cognitiva o intelectual tienen capacidad legal plena y un sistema de apoyos, sin interdicción. ¿Qué ocurre cuando un socio o un familiar mayor de edad tiene una discapacidad mental, cognitiva o intelectual? La Corte Constitucional, en la Sentencia C-022 de 2021 del 4 de febrero de 2021, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, declaró exequible la Ley 1996 de 2019: se presume la capacidad de la persona, se le prestan apoyos y ya no hay interdicción. La sentencia no trata sociedades ni menciona diagnósticos específicos; este artículo se basa únicamente en su texto.

Qué decidió la Corte

Un ciudadano demandó la Ley 1996 de 2019, el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, porque a su juicio debió tramitarse como ley estatutaria, conforme a los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución, y no como ley ordinaria. La Corte declaró la exequibilidad de la ley por ese cargo: concluyó que la ley no afecta el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica, pues elimina barreras como la interdicción y las reemplaza por un sistema de apoyos que permite a las personas con discapacidad tomar decisiones según su voluntad y preferencias.

La regla: capacidad plena y fin de la interdicción

Según la Corte, los cambios más relevantes de la Ley 1996 son cinco: elimina la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a los impúberes como incapaces absolutos; deroga el régimen de guardas e interdicción para personas con discapacidad mental, cognitiva o intelectual; presume la capacidad de goce y de ejercicio de todas las personas con discapacidad; crea dos mecanismos de apoyo, los acuerdos de apoyo y la adjudicación judicial de apoyos; y regula las directivas anticipadas.

El artículo 6 de la ley lo resume así: “En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”.

Antes: el artículo 1504 del Código Civil consideraba absolutamente incapaces a las personas con discapacidad mental, que debían actuar por un representante, el guardador, designado en un proceso de interdicción.
Ahora: el artículo 53 de la ley prohíbe iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o pedir una sentencia de interdicción para cualquier trámite público o privado. Los procesos en curso al promulgarse la ley se suspendieron, según el artículo 55.
Actos independientes: las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente. Esa capacidad se presume y la necesidad de ajustes razonables no la desvirtúa, conforme al artículo 8.

Los apoyos y sus salvaguardias

Qué son (artículo 3): tipos de asistencia para facilitar el ejercicio de la capacidad legal: en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y en la manifestación de la voluntad y preferencias.
Primacía de la voluntad (artículo 4): los apoyos deben responder a la voluntad y preferencias de la persona, incluido su derecho a equivocarse. Solo si, agotados los ajustes razonables, no se puede establecer su voluntad de forma inequívoca, se usa la mejor interpretación de la voluntad, con base en su trayectoria de vida y manifestaciones previas.
Salvaguardias (artículo 5): necesidad, es decir, solo si la persona los solicita o no es posible establecer su voluntad; correspondencia con sus circunstancias; duración definida; e imparcialidad, sin influencia indebida por miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación.

Los mecanismos previstos en la ley

Acuerdo de apoyo (artículos 15 a 20): la persona designa a quienes la asistirán en uno o más actos. Consta en escritura pública ante notario o ante conciliador extrajudicial y dura máximo cinco años. Si hay un acuerdo vigente, usarlo es requisito de validez; no usarlo genera nulidad relativa, según el artículo 19, sin obligar a seguir el criterio del apoyo. La persona puede terminarlo unilateralmente.
Directiva anticipada (artículos 21 a 31): expresión anticipada de la voluntad sobre actos de salud, financieros o personales. Se firma por escritura pública o acta de conciliación. Puede incluir una cláusula de voluntad perenne y puede modificarse, sustituirse o revocarse en cualquier momento.
Adjudicación judicial de apoyos (artículos 32 a 43): proceso ante el juez de familia con valoración de apoyos. Lo promueve la persona, en jurisdicción voluntaria. Excepcionalmente puede promoverlo otra persona, en beneficio exclusivo del titular, cuando este esté absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad por cualquier medio y esa imposibilidad conlleve vulneración o amenaza de sus derechos por un tercero, conforme al artículo 38. La sentencia delimita los actos y los apoyos; el juez no puede pronunciarse sobre actos ajenos al proceso.

Las personas de apoyo

Quién puede serlo (artículos 44 y 45): una persona natural mayor de edad o una persona jurídica. Son inhábiles quienes tengan un litigio pendiente con el titular o un conflicto de interés con él.
Obligaciones (artículo 46): guiarse por la voluntad y preferencias del titular, actuar con diligencia, honestidad y buena fe, mantener la confianza y la confidencialidad, y comunicar las circunstancias que den lugar a modificar o terminar el apoyo.
Representación (artículo 48): solo con mandato expreso del titular o, si hay apoyos adjudicados judicialmente, con autorización del juez cuando el titular esté absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y el acto refleje la mejor interpretación de su voluntad.
Responsabilidad y registro (artículos 50 y 51): el apoyo responde individualmente si contraviene la ley o lo acordado; no responde por daños del titular si actuó conforme a su voluntad. Los actos sobre bienes sujetos a registro deben llevar una anotación de que se realizaron con apoyos.
Personas ya interdictas (artículos 6, parágrafo, y 56): los jueces de familia deben revisar sus casos para decidir si requieren adjudicación de apoyos; adquieren capacidad legal plena al quedar ejecutoriada la sentencia de revisión.

Un ejemplo: un accionista con discapacidad cognitiva

Caso hipotético, con cifras ilustrativas, aplicando solo las reglas generales de la Ley 1996 que describe la sentencia, que no se refiere a sociedades. Don Hernán, mayor de edad, es accionista de Comercial Delta S.A.S. y tiene una discapacidad cognitiva que le dificulta comprender operaciones complejas. Su hija Paula quiere ayudarle.

¿Se le puede declarar interdicto? No. La ley prohíbe iniciar procesos de interdicción y la discapacidad no puede ser motivo para restringir su capacidad de ejercicio.
¿Puede decidir él mismo, por ejemplo, vender sus acciones? Sí: se presume su capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente, con los ajustes razonables que necesite.
Si quiere ayuda de Paula: pueden celebrar un acuerdo de apoyo ante notario o conciliador, para actos determinados y hasta por cinco años. Paula no podría representarlo sin mandato expreso.
Si quiere dejar instrucciones para el futuro: puede firmar una directiva anticipada sobre asuntos financieros, por escritura pública o acta de conciliación.
Si algún día no pudiera manifestar su voluntad por ningún medio: un familiar con interés legítimo podría pedir la adjudicación judicial de apoyos. El juez fijaría los actos y apoyos; para representarlo, Paula necesitaría autorización judicial.
Si Paula tuviera un litigio pendiente con él: sería inhábil como persona de apoyo.

Recomendaciones de Fidelis Advisories

Criterio propio de Fidelis Advisories, que va más allá del texto de la sentencia:

No exigir interdicción: no pida sentencias de interdicción como requisito de trámites; verifique qué mecanismo de apoyo, si existe, respalda a la persona.
Pedir los documentos de apoyo: si alguien actúa con apoyos, solicite la escritura del acuerdo de apoyo, la directiva anticipada o la sentencia de adjudicación, y revise su alcance y vigencia.
Planear con tiempo: los socios y administradores pueden evaluar una directiva anticipada o un acuerdo de apoyo mientras puedan manifestar su voluntad.
Respetar la voluntad: documente que el titular entendió y decidió, con los ajustes razonables que requiera.
Asesoría especializada: consulte a un abogado antes de aplicar estas reglas a una sociedad concreta o a la sucesión de bienes de la persona.
Verificar fuente y vigencia: la sentencia es de 2021; confirme el texto oficial con la relatoría y los cambios posteriores a la ley.

Concepto consolidado

¿Qué pasa cuando una persona mayor de edad tiene una discapacidad mental, cognitiva o intelectual? Según la Ley 1996 de 2019, que la Corte declaró exequible por el cargo de reserva de ley estatutaria, no se la considera incapaz ni se la interdice: se presume su capacidad de goce y de ejercicio y puede contar, si lo necesita, con apoyos, sean un acuerdo de apoyo, una directiva anticipada o una adjudicación judicial, que deben respetar su voluntad y preferencias. En el ejemplo, don Hernán sigue decidiendo sobre sus acciones, con el apoyo de su hija si así lo formaliza. La sentencia no analiza sociedades ni diagnósticos específicos y es del 4 de febrero de 2021.

Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal. Para su caso particular, contáctenos.